Javier Diez Canseco.
A inicios de 1989, el primer gobierno de Alan García encaraba una aguda crisis. Su aprobación estaba en caída libre. Su impopularidad creciente era alimentada por una desastrosa política económica que desembocaría en un récord mundial hiperinflacionario; por el crecimiento del terror senderista (acicateado desde la matanza de los penales, que dio lugar al "día de la heroicidad" senderista) y la mano libre que se dio al terror de Estado (fue el gobierno con más detenidos desaparecidos del período de la violencia); así como por la corrupción desembozada en la administración pública. Las luchas sociales y regionales se multiplicaban.
A mediados del 88, una huelga minera había remecido al país en demanda de mejores salarios y de conquistar el Pliego Nacional Minero para poder llevar adelante una negociación colectiva por rama de producción. A pesar de su fuerza y convicción, la lucha no triunfó. Pero en el afán de derrotarla, el gobierno usó todos los mecanismos posibles, incluyendo un criminal amedrentamiento a sus dirigentes. Así, en agosto de 1988, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, Saúl Cantoral, fue secuestrado y torturado por varias horas, conminándolo a levantar la huelga. Pero el dirigente, de la base de Hierro Perú (hoy Shougan) en Marcona, era trejo y no abandonó su responsabilidad sindical. Liberado horas después, golpeado y maltrecho, siguió a la cabeza de su gente. Lo pagaría con su vida.
El 13 de febrero de 1989, 7 meses después, el ya conocido grupo paramilitar "Rodrigo Franco" –integrado por elementos de las fuerzas del orden y al que se ha vinculado en muchas y ocasiones a Agustín Mantilla, entonces el factotum del Ministerio del Interior– intervino, secuestró y asesinó a Saúl Cantoral y a Consuelo García, quien trabajaba en la organización de las mujeres mineras, vinculada a la misma Federación Minera. Sus cuerpos fueron abandonados en Canto Grande tres horas después del secuestro. Cantoral tenía 5 disparos de bala y a Consuelo le habían destrozado el cráneo, desfigurándola. La amenaza de agosto del 88 se cumplía. Debían estar advertidos todos los que pretendieran retarlos.
Un elemento de la policía nacional que intervino en el secuestro lo contó, con lujo de detalles, ante la Comisión Investigadora del Congreso que presidió Ernesto Herrera entre el 2002 y el 2003. Precisó que luego de secuestrarlos y someterlos, los entregaron a manos de Marco Puente, un oficial de la PNP que tenía responsabilidades en estas operaciones y que murió un tiempo después en una emboscada senderista en el sur del país. Los asesinatos de Cantoral y de Consuelo García eran evidentes crímenes de Estado cometidos, como muchísimos otros, bajo el gobierno de Alan García y su ministro del Interior Agustín Mantilla. Ya la Comisión Herrera había recogido testimonios de las características organizativas y operativas del comando "Rodrigo Franco", con el conocido "Chito" Ríos (hoy otra vez en las andanzas en el norte del país) y referencias al vínculo dirigencial de Mantilla en el entrenamiento, capacitación y organización de estos elementos, que incluían a civiles (fotografiados con armas de guerra junto a Mantilla y hoy trabajando impunemente en el aparato de Estado) y a elementos de las fuerzas del orden. Hasta lo que había sido uno de los locales de campaña presidencial de Alan García, en San Isidro, aparecía involucrado como sede operativa, de comunicaciones e inteligencia del grupo paramilitar, ya terminada la jornada electoral. Esto narrado por elementos que intervinieron en los hechos, ante la Comisión.
Hace pocos días, la Corte Interamericana ha sentenciado al Estado peruano como responsable del asesinato de Saúl Cantoral y Consuelo García. Ha tomado 18 años que se haga justicia, aunque no en el Perú, sino en el extranjero. No por un tribunal peruano sino por uno internacional, precisamente aquel del que García quería forzar que nos retiremos. ¿Por qué será?Los abogados del Estado quisieron acusar a Sendero del crimen y hasta alegaron que podrían haber sido los empresarios mineros quienes habrían promovido el crimen. Una protesta del gremio empresarial generó un repliegue del argumento del abogado del gobierno, engreído de la Sociedad de Minería y Petróleo. Ciertamente un argumento falso entonces, pero un peligro real hoy cuando algunas de las famosas empresas de seguridad privadas, vinculadas a ciertas empresas mineras, cuentan con hombres provistos de armas de guerra y han comenzado a formar una suerte de "rondas" armadas con campesinos asalariados para enfrentar demandas de comunidades y ronderos frente a la contaminación y la amenaza al agro de ciertos proyectos en Cajamarca y Piura.
La justicia tarda pero llega, lamentablemente no del país sino de fuera, debido a la complicidad política para pretender impunidad para los responsables de crímenes de terror de Estado. Sus principales responsables y varios involucrados en los testimonios siguen libres, comiendo con otros Ríos en restaurantes públicos e incidiendo en el Estado desde las sombras o en puestos públicos hasta del Congreso nacional. Es cada vez más claro por qué García quería sacarlos de la Corte Interamericana. Al final, todo se sabe y se paga.
Tomado del Diario La República
Tomado del Diario La República
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