Secuestro y asesinato del dirigente minero Saúl Cantoral en manos de Comando “Rodrigo Franco” es un estigma para el Estado peruano.
Veinte años sin perdón ni reparación
(1) Vanesa y su tío Ulises tienen presente en su memoria a Saúl Cantoral, asesinado cobardemente por defender los derechos de los trabajadores mineros. (2) Ex secretario de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. (3) La CVR logró que su caso fuera investigado.
Son cerca de las ocho de la noche del jueves 28 de agosto y Vanesa Cantoral Contreras, hija mayor del dirigente minero asesinado Saúl Cantoral Huamaní, refiere al borde del llanto ante los asistentes a la ceremonia por el quinto aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR) y a nombre de las víctimas (civiles, militares y policiales) del conflicto interno que sufrió el país, que no hay una clara voluntad del Estado de expresar disculpas públicas e indemnizar a su familia --en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-- por la tragedia que les tocó vivir y que hasta el momento les impide restablecerse plenamente debido a esa imborrable herida que llevan en el alma.
Son cerca de las ocho de la noche del jueves 28 de agosto y Vanesa Cantoral Contreras, hija mayor del dirigente minero asesinado Saúl Cantoral Huamaní, refiere al borde del llanto ante los asistentes a la ceremonia por el quinto aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR) y a nombre de las víctimas (civiles, militares y policiales) del conflicto interno que sufrió el país, que no hay una clara voluntad del Estado de expresar disculpas públicas e indemnizar a su familia --en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-- por la tragedia que les tocó vivir y que hasta el momento les impide restablecerse plenamente debido a esa imborrable herida que llevan en el alma.
Una semana después del encuentro de la CVR, Vanesa Cantoral, quien nos recibe al lado de su tío paterno Ulises, nos dice que ya son casi veinte años los que su familia busca justicia de la mano de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Recuerda que cuando su padre Saúl Cantoral Huamaní fue secuestrado aquel 13 de febrero de 1989 y luego asesinado por miembros del Comando “Rodrigo Franco”, era apenas una niña de sólo diez años. Ahora, junto a sus tres hermanos, continúa la lucha que iniciaron su madre Pelagia Contreras y sus tíos.“Este es un compromiso. A mí me arrancaron a mi padre, me lo quitaron de la peor manera. Una noche él se fue de la casa y nunca más apareció. La siguiente vez que lo vi, estaba dentro de un ataúd con seis heridas de bala. Nosotros vamos a seguir porque tenemos fe en que nos harán justicia para que se castigue ejemplarmente a quienes ordenaron su muerte así como a quienes lo ejecutaron”, dice “sin ánimo de venganza”, la hija de Cantoral.
Pero el dolor de Vanesa está allí, casi a flor de piel, y así lo comprobamos cuando nos revela que perder a su progenitor truncó sus esperanzas de vida y significó la ruptura de su familia “porque a la ausencia de mi padre se sumó la ausencia de mi mamá quien, para atender las obligaciones de la casa se vio obligada a dejar el hogar en busca de trabajo”.
Ante la Fiscalía
El asesinato de Saúl Isaac Cantoral Huamaní junto al de la también dirigente minera Consuelo Trinidad García Santa Cruz fueron denunciados en el 2003 por la CVR ante la Fiscalía de la Nación como parte de las ejecuciones cometidas por el Comando “Rodrigo Franco”, luego de escucharse el testimonio de una persona que responsabilizó a los integrantes de dicha agrupación de los crímenes.En junio del 2006, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial ordenó la exhumación de los restos de ambas víctimas, debido a que los informes de la necropsia practicada después de ocurridos los hechos desaparecieron extrañamente.Los nuevos resultados confirmaron el hallazgo de orificios de entrada y salida de proyectiles en el cráneo, así como la ruptura del esternón y varias costillas de las víctimas.“Comando sí existió”La hija de Cantoral sostiene que no sólo el acta de necropsia de su padre desapareció, sino también la ropa que llevaba cuando fue secuestrado y luego asesinado. Estos hechos la llevan a sospechar que detrás del crimen de su padre se hace evidente el apoyo del Estado de aquel entonces. Esta sospecha se acrecienta cuando el informe de necropsia de Consuelo García busca atribuir su muerte a un “accidente automovilístico”.Vanesa es respaldada por su tío Ulises Cantoral, quien desmiente al Apra que niega reiteradamente que algún funcionario del primer gobierno de Alan García y mucho menos algún aprista haya participado en los crímenes atribuidos al Comando “Rodrigo Franco”. Inclusive rechazan que esta agrupación haya existido y perpetrado asesinatos durante el régimen de 1985-1990.“El CRF insurge un 28 de julio de 1980. Yo he tenido propaganda de ese comando en mis manos, que también sacó comunicados de prensa. Este grupo de aniquilamiento sí ha existido y mató a mi hermano por defender a los mineros, al comprobar cómo los dueños de las grandes minas se llevan nuestra riqueza”, precisa.
Sordos y mudos
La CVR recomendó al Estado peruano el pago de una reparación civil y tratamiento psicológico para los deudos del ex dirigente minero, pero esa demanda nunca se ha concretado. El 10 de julio del 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo considerando la participación de agentes estatales en el caso Cantoral-García, y exigiendo que se adopten las acciones pertinentes para investigar, identificar y sancionar a los responsables, así como que se haga efectiva la reparación que corresponde a los deudos de las víctimas y se les exprese las disculpas públicas del caso.
Sin embargo, según afirman Vanesa y Ulises, un año después de haberse emitido ese dictamen, el gobierno aprista se hace el sordo “y hace mutis”.Pese a todo, a cinco años del informe final de la CVR y a un año del fallo de la CIDH, tío y sobrina vislumbran un asomo de justicia a raíz del proceso judicial iniciado en el Cuarto Juzgado Penal, en julio último, contra el ex ministro del Interior, Agustín Mantilla, y miembros del llamado Comando “Rodrigo Franco”, como Miguel “Chito” Ríos, por el delito Contra la Libertad Personal-Secuestro y Homicidio Calificado por el caso Cantoral-García, así como por los asesinatos del abogado defensor de senderistas Manuel Febres Flores y Miguel Pasache Vidal. “Es una esperanza para encontrar justicia, pero la verdad es que no confiamos en el actual gobierno”, dice Ulises Cantoral, quien afirma que no descansará hasta ver a los asesinos de su hermano tras las rejas “para que la sociedad entienda que crímenes de esta naturaleza no se pueden repetir”.
Comando se ensañó con luchador minero
El 13 de febrero de 1989, el ex secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Saúl Cantoral fue obligado a subir a un auto cuando retornaba al local de dicho gremio para recoger unos documentos. Momentos antes había participado de una reunión en ese mismo lugar con otros dirigentes, entre los que se encontraba Consuelo García, con quien abandonó el local sindical para realizar los trámites del caso para obtener su pasaporte. A las 11:15 p.m. de aquel fatídico día su cadáver fue encontrado en el parque zonal Wiracocha de Cantogrande con seis impactos de bala en la espalda y nuca, mientras que a doce metros de distancia yacía el cadáver de Consuelo García.Previamente a su asesinato, Cantoral había recibido constantes amenazas de muerte que lo instaban a abandonar la actividad sindical en respuesta a las dos huelgas que encabezó a favor de los derechos de los mineros.
Hoy, casi veinte años después, los trabajadores mineros del Perú aún lo recuerdan y mantienen viva su memoria, como expresan en sus diferentes comunicados y actividades.Prueba de ello es que a un año de su muerte se estableció el 5 de diciembre como Día del Minero. Vanesa, quien describe a Saúl Cantoral como un hombre íntegro y buen padre, mantiene viva la lucha que éste emprendió en favor de los trabajadores, como la ley de jubilación 25009 que propició.
Frente a la indiferencia del Estado, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección peruana, Silvia Loli, adelantó a LA PRIMERA que el caso podría ser incluido en el informe del próximo año de este organismo a nivel mundial con relación a los derechos humanos.Loli criticó que las reparaciones en favor de las víctimas de la violencia interna marchen lentamente y lamentó la tardanza de una verdadera justicia. Dijo que sin una real justicia y reparación, “aunque hay cosas irreparables, no vamos a poder desarrollarnos como país”.
Vilma EscalanteRedacción (Diario La Primera)
